martes, 14 de febrero de 2012

La Junta acusa al Gobierno de poner en riesgo el suministro eléctrico

  • La moratoria a las renovables no servirá para reducir el déficit, según Ávila.
“Muchos trenes han pasado desde la Revolución Industrial, y este no hemos querido que pase”. El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, defendió ayer con vehemencia la apuesta que la Junta ha hecho por el desarrollo sostenible, un modelo que ahora puede caerse como un castillo de naipes tras la decisión del Gobierno de la nación de paralizar las primas para las nuevas centrales de energías renovables. Ávila acusó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de “ceder a la presión de determinados lobbies con la justificación de reducir el déficit público”.

Entre los efectos que tendrá la moratoria decretada por el Gobierno, Ávila enumeró la pérdida de seguridad en el suministro eléctrico, desperdiciar un ahorro en importaciones de energía que solo en Andalucía se estima en 1.400 millones de euros, la falta de seguridad jurídica que esta medida va a proyectar sobre las empresas que habían comprometido su inversión o el hecho de que la decisión no sirva para mejorar el déficit público, como ha defendido el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “No es un gasto que se ahorra el Estado, pues la prima aparece en los recibos que pagan los contribuyentes”, aclaró Ávila.

Sin embargo, al Gobierno andaluz le preocupa especialmente el impacto a la cohesión territorial, pues el decreto-ley aprobado el pasado 27 de enero va a afectar a 127 pueblos andaluces que tenían comprometidas inversiones en 264 instalaciones de energías renovables con una inversión superior a los 14.700 millones y más de 51.000 empleos. Entre los sectores más perjudicados está el agrícola, que había apostado por las energías renovables para diversificar la rentabilidad de sus explotaciones.

Precisamente, Antonio Ávila analizó ayer con el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y con alcaldes de los municipios más afectados el impacto del decreto en una provincia que se había convertido en referente andaluz en proyectos de biomasa vinculados al olivar. En concreto, 28 proyectos de instalaciones de biomasa, cogeneración, biogas, eólica o termosolar habían comprometido una inversión de 718 millones, la creación de 2.265 empleos y la producción de 187 megavatios de potencia. “Es un mazazo y un golpe muy duro para los agricultores”, censuró el presidente de la Diputación de Jaén, institución que impulsó la declaración del olivar como cultivo energético.

Municipios como Linares, Andújar, Úbeda, Bailén, Alcalá la Real, Marmolejo, Torredonjimeno, Fuensanta de Martos, Siles, Cabra del Santo Cristo o Larva eran algunos de los que tenían en trámite proyectos vinculados a las renovables en el ámbito agrícola y medioambiental. Ahora estas empresas van a reconsiderar sus proyectos, según admitió Antonio Ávila. El consejero señaló que la semana pasada instó, sin éxito, al ministro José Manuel Soria la puesta en marcha de un periodo transitorio para que considerase los proyectos que ya habían sido avalados por las comunidades autónomas. Pero el Gobierno convalidó el decreto-ley el pasado jueves en el Congreso sin atender este requerimiento.

El PP de Jaén replicó ayer al consejero Ávila señalando que la medida del Gobierno no tiene carácter retroactivo y que lo que se ha hecho es congelar las primas a las nuevas plantas.

Fuente: El Pais

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